- Los acuerdos, iniciativas y fondos multilaterales, corporativos o filantrópicos a favor de la sustentabilidad: otro referente obligado.
- En el manejo de contenedores, el CT debe convocar a empresas del transporte y la logística comprometidas con los criterios ESG.
La globalización ha favorecido el crecimiento económico, pero sólo en sectores y regiones del mundo que aseguran mayor rentabilidad financiera; lo que ha devenido en una mayor concentración del capital, la marginación de enormes segmentos de la población mundial, la ampliación del deterioro ambiental y, en consecuencia, la acentuación del cambio climático y de la inclemencia de los desastres naturales. Esto ha exacerbado la exigencia de un auténtico compromiso por parte de gobiernos, organismos multilaterales, empresas, filantropía y grupos de la sociedad civil para enfrentar desafíos que ya son inaplazables. De ahí que el Consejo de la ONU haya acordado principios que deben regir el desempeño empresarial en materia de derechos humanos, empleo y rendición de cuentas. Y que, aunque la iniciativa corporativa ESG surgió hace 50 años, apenas recientemente los organismos empresariales estén adoptando códigos de ética, protocolos y compromisos más estrictos para reforzar su responsabilidad social y ambiental. Por su parte, las agencias de financiamiento y de calificación del desempeño corporativo ya empiezan a exigir criterios e indicadores más rigurosos para calificar, diferenciar e informar a la sociedad el grado de cumplimiento de las empresas en la materia. No obstante, debido a la magnitud de las crisis actuales de guerras, desastres naturales, migración, desintegración familiar, anomias sociales y delincuencia, urgen medidas y recursos más eficaces a favor de la gente y la naturaleza.
La razón es evidente, no puede haber vida humana, paz, prosperidad, ni negocios sin desarrollo local ni en un planeta amenazado. De ahí la inoperabilidad de un modelo económico simplista que concibe al emprendedurismo sólo a partir de la rentabilidad financiera y, peor aún, la de corto plazo. Lo mismo sucede con la noción de ventaja comparativa o competitividad de naciones y regiones que únicamente toma en cuenta la existencia de infraestructura industrial convencional y mano de obra barata. No es casual el surgimiento de nuevas nociones como la de las “Alianzas Precompetitivas” que reconoce el valor de agrupar empresas y sectores que colaboran sin fines de lucro para resolver desafíos del contexto con el fin de crear condiciones que luego permitan una rentabilidad integral. Lo mismo sucede con iniciativas como la de la red denominada “Coalición de Capitales” que agrupa a más de 450 organizaciones de la comunidad mundial para sumar esfuerzos entre empresas, gobiernos y organismos multilaterales, no gubernamentales y filantrópicos para atender temas ambientales, sociales y de capital humano que aseguren mayor equidad, justicia y sustentabilidad en el planeta. Tampoco es casual la redefinición recientemente propuesta del concepto tradicional de Capital que ahora incorpora, además de los factores económicos, los relativos a la naturaleza, la sociedad y el capital humano. Con base en lo anterior, un plan de acción sobre el Istmo y el CT no puede ir en dirección contraria a los tiempos actuales de “transmodernidad” que exigen compromisos verificables a favor de la sustentabilidad de empleados, comunidades locales y territorios.
Es por estas razones que la sustentabilidad y promoción de la biodiversidad del Istmo requieren nuevas formas de organización social y el uso correcto de la fuerza política y económica. Para ello, es necesario transformar la toma de decisiones conforme a un sistema basado en la colaboración y en una visión comprometida para transitar hacia comunidades equitativas, justas y sustentables. Esto implica la promoción de auténticos líderes capaces de atraer aliados, las mejores prácticas y recursos provenientes de múltiples fuentes de financiamiento. Un referente útil en ese propósito puede ser el Pacto Verde Europeo (EGD), que propone convertir a la Comunidad Europea en una zona incluyente de emisión cero de gases invernadero en 26 años (2050), con un uso mínimo de recursos desechables y bajo un plan que significará la inversión de 1.8 trillones de euros. Su finalidad es restaurar la biodiversidad mediante la captura de carbón, así como la recuperación de zonas forestales, suelos, humedales y prácticas ancestrales de reciclamiento orgánico, junto con una mayor provisión de recursos renovables y la promoción de comunidades sustentables que redefinan sus formas de interacción entre sus miembros y la naturaleza.
En el contexto actual de la relocalización global en la cadena de suministros (nearshoring), el gobierno federal acaba de anunciar incentivos fiscales, de entre el 56 y el 89% durante este año y 2024 para las nuevas inversiones, en especial en sectores de alta tecnología, investigación y desarrollo. Además, incluye una deducción del 25% para los gastos incrementales incurridos durante los siguientes tres años en materia de capacitación del capital humano. Esta medida es plausible siempre y cuando se agreguen requistos de sustentabilidad ambiental y social como los aquí discutidos. Como se comentó, es previsible que la primera etapa de desarrollo del CT se concentre en la movilización de contenedores, por lo que las empresas interesadas en invertir serán las dedicadas al transporte y la logística. Por tanto, urge explicitar los criterios para la selección de las empresas participantes no sólo para que operen de manera sincronizada y segura cada etapa y medio de traslado con el respaldo de las últimas tecnologías y sistemas, sino para que asuman un compromiso humanista-ambiental verificable, bajo el entendido que serán evaluadas bajo los criterios ESG.
